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Prefectura del Guayas licita dragado del río con 53 años de atraso
El proceso busca extraer 6 millones de metros cúbicos; la obra se adjudicará en marzo y durará dos años y medio, mientras avanzan las elecciones seccionales.
La Prefectura del Guayas inició formalmente el proceso de licitación para el dragado del río Guayas, una obra que acumula 53 años de retraso. Desde 2012, cuando la Secretaría Nacional del Agua transfirió esta responsabilidad a los gobiernos seccionales, la institución provincial ha intentado en dos períodos distintos concretar la extracción de sedimentos, pero hasta ahora el financiamiento había sido un obstáculo infranqueable.
Las bases y términos de referencia fueron publicados el 1 de diciembre en el Sistema de Contratación Pública (Sercop), con el objetivo de que las empresas presenten ofertas para remover seis millones de metros cúbicos de sedimentos. El cronograma establece que la adjudicación del contrato se realizará el 4 de marzo y la firma del documento el 15 de abril, fecha a partir de la cual la empresa ganadora dispondrá de dos años y medio para ejecutar la obra en tres fases.
La prefecta Susana González afirmó que la transparencia del proceso y el financiamiento directo con recursos de la Prefectura, y no del oferente, garantizan el éxito del proyecto. Sin embargo, existen dudas sobre la experiencia de los licitantes; por ejemplo, la oferta más baja de 38 millones de dólares proviene de una empresa constituida por Sudinco S.A., Sabavisa S.A. y Asesores Financieros Andalucía Occidental, las cuales no cuentan con registros previos de obras civiles de dragado en su portafolio, tema que ya cubrimos en Prefectura del Guayas pide colaboración ciudadana para mantener limpios los 270 km de canales intervenidos.
El experto en contratación pública Daniel González señaló que el cumplimiento estricto de la ley en las etapas preparatorias es clave para evitar que un nuevo cambio de administración termine con el contrato unilateralmente, como ocurrió en 2019. Ante esta situación, se espera que cualquier incumplimiento futuro pueda ser demandado por el proveedor al Estado.
