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Milagro, Balao y Naranjal entran en intervención por inseguridad; ordenanza de motos se refuerza
La Mesa de Seguridad Provincial identificó a estos tres cantones como los más críticos ante el incremento de violencia. El ministro Patricio Pazmiño anunció la estrategia conjunta con las autoridades locales.
El 26 de enero de 2021, las localidades de Milagro, Balao y Naranjal fueron señaladas por las autoridades como los cantones más críticos en materia de seguridad dentro de la provincia del Guayas. Durante la reunión de la Mesa de Seguridad Provincial realizada en las instalaciones de la Universidad Estatal de Milagro, se confirmó que estas tres poblaciones requieren una intervención inmediata debido al aumento de hechos violentos registrados.
El ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, reconoció la tendencia al alza en la violencia y explicó que la participación directa de los alcaldes de estos cantones es necesaria para diseñar estrategias conjuntas. La autoridad nacional advirtió que la responsabilidad no recae únicamente en la Policía o el sistema de justicia, sino que exige una corresponsabilidad articulada con otras instituciones públicas y privadas para abordar factores como el consumo de drogas, la violencia de género y el mal uso del espacio público.
En el caso específico de Milagro, la resolución establece que se debe aplicar con mayor rigurosidad la ordenanza municipal sobre el uso y control de motocicletas. Esta norma prohíbe que dos personas del mismo sexo viajen en un vehículo de dos ruedas sin demostrar vínculos familiares de hasta segundo grado de consanguinidad. La fiscal provincial, Yanina Villagómez, agregó que los GAD municipales deben adoptar medidas internas enfocadas en la seguridad para evitar que los casos queden en la impunidad.
Pazmiño señaló que, aunque no se presentaron cifras estadísticas detalladas, la provincia del Guayas experimentó una reducción del 28% en hechos violentos durante el año anterior. La autoridad atribuyó parte de la dificultad para obtener datos precisos a la falta de denuncias por las víctimas, producto del aislamiento social vivido en 2020. Se espera que esta tendencia a la baja se mantenga en lo que va del 2021 mediante la articulación entre el Ministerio de Educación, el MIES y las organizaciones no gubernamentales.
